Dra. Diana Vicher García

En los últimos 35 años uno de los actores centrales en la reforma de la administración pública ha sido la OCDE, que inicialmente incursionó en este campo desde un esquema similar al de la ONU, en la década de 1960, con programas de asistencia técnica a cargo del entonces Comité de Cooperación Técnica (TECO); que apoyaba en proyectos de servicio civil y mejoramiento de la administración
pública a los países que lo requerían. No obstante, la participación protagónica de la OCDE se realizó a partir de la reforma neogerencial, que elaboró y promovió la en las décadas de 1980 y 1990, con su Comité de Gerencia Pública (PUMA), como respuesta al déficit fiscal y a la supuesta falta de capacidad del Estado y la
administración pública para adaptarse a los cambios mundiales.
 

En la propuesta de reforma de la administración pública de la OCDE que fue aplicada a nivel mundial, resalta la orientación al mercado como alternativa para mejorar su funcionamiento, aunque se tornó más en una búsqueda de la eficiencia económica, como un objetivo por sí mismo, lo cual no redituó en los resultados esperados.

Esto vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de reflexionar acerca de que la administración pública atiende cuestiones que van más allá de la mera provisión de servicios, además de que cada Estado tiene necesidades particulares y diversas que no pueden ser solventadas por un modelo estándar. Esto refrenda la relevancia de auscultar la forma en que, en sus diferentes etapas, la OCDE ha afrontado la reforma de la administración pública, pues aún bajo su constitución sui generis, ya que no es un organismo negociador, ni otorga financiamientos, es una organización que ha logrado cambiar para persistir y su influencia se ha dejado sentir en la reforma de la administración pública en todo el mundo.